En relación con el anterior artículo, si un comunero ha hecho una obra sin autorización (un cerramiento por ejemplo) y la comunidad ahora le dice que no ha instado autorización ¿Qué tiene que hacer el comunero demandado por obra inconsentida si quiere alegar que también otros comuneros han hecho irregularidades semejantes?

 

Cuando por las comunidades de propietarios se ejercitan acciones civiles sobre obras inconsentidas contra comuneros incumplidores que han llevado a cabo estas en la comunidad se efectúa una diversidad de exigencia probatoria que gira alrededor de la prueba por la comunidad de esa obra inconsentida y por el comunero, o bien de que ha existido un consentimiento tácito de la comunidad en aceptar esas obras, y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo tasa en seis

años de silencio en contra por la comunidad, o que otros comuneros han realizado otras obras inconsentidas semejantes o diferentes sin que la comunidad le haya dirigido acción alguna, suponiendo el hecho de dirigirse contra este una especie de vulneración del principio de prohibición de discriminación que supone que las comunidades de propietarios no pueden discriminar a unos comuneros en defecto de otros por “elegir” a aquellos contra los que dirigir acciones civiles por obras inconsentidas cuando otros también han llevado a cabo otras idénticas o semejantes.

 

Así, el TS trata en la sentencia de fecha 17 de Noviembre de 2011 sobre esta cuestión y viene a exigir que el comunero que alega este abuso de derecho por la comunidad acredite esta vulneración del principio de prohibición de discriminación.

 

En el caso analizado por esta sentencia del Alto Tribunal se concluye que “las obras de solado y adecentamiento del jardín inmediato al local propiedad de la parte recurrente, no son tales, sino que la verdadera finalidad de aquellas es la de anexionar dicho jardín de naturaleza común al local con ánimo de apropiárselo, por lo que se consentiría, en caso de declaración de legalidad de las mismas, un aprovechamiento indefinido y privativo de un elemento común, el cual por naturaleza y propia esencia, es de uso y aprovechamiento común por todos los copropietarios.”

 

Pues bien, viene el TS a precisar ante la alegación de abuso de derecho, una vez que se acreditó que se trataba de obra inconsentida, que “por lo que se refiere a la necesidad de tratamiento igualitario de situaciones idénticas, no concurre tampoco en el presente caso, ya que, tal y como concluye la sentencia objeto de impugnación, contrariamente a la pretensión sostenida por la recurrente, de un lado resulta un hecho fijado en aquella la apropiación de un elemento común por

parte de la recurrente, sin que, por otro lado, constituya un hecho acreditado en la sentencia que el cerramiento con vallas de otros jardines de la misma comunidad de propietarios se hubiesen ejecutado sin el consentimiento preceptivo de la junta de propietarios, hecho que de concurrir, legitimaría la actuación llevada a cabo por otros copropietarios. En definitiva, no constituye un hecho probado en autos que las obras efectuadas anteriormente, consistentes en el cerramiento de jardines, no hayan sido autorizadas, por lo que, las situaciones jurídicas serían diferentes y no

resultaría de aplicación la doctrina relativa a la prohibición de la discriminación alegada por la parte recurrente.”

 

Quiere esto decir que el demandado en estos casos deberá intentar ofrecer prueba sobre este extremo o intentar, al menos, llevarla a cabo. Y para ello, debería probar si la comunidad autorizó esas obras que señala como ilegales también. Cierto y verdad que no está en sus manos la prueba negativa de hechos que no está en su mano acreditar, pero también puede proponer dirigirse a la

comunidad el órgano judicial sobre el extremo que alega o en el interrogatorio del presidente intentar interrogarle sobre estos extremos, o solicitar judicialmente a la comunidad sobre el estado de autorización, o no, de las obras sobre las que alega que existe un trato discriminatorio sobre sus comuneros al no haberse ejercido sobre ellos acción judicial alguna y sí sobre su persona. Recuérdese que el TS viene a señalar que No constituye un hecho probado que el cerramiento con vallas de otros jardines se hubiese ejecutado sin el consentimiento de la junta de propietarios, por lo que las situaciones jurídicas serían diferentes y no resultaría de aplicación la doctrina relativa a la prohibición de discriminación alegada por la demandada.

 

Fuente de la información:

Manuel Damián Álvarez García.

Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla